Dra. Cristina Rumbo Bonfil
Doctora en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México); coinvestigadora del grupo de investigación Red Internacional de Política Criminal Sistémica Extrema Ratio UN de la Universidad Nacional de Colombia y socia fundadora de la Academia Latinoamericana de Derecho Penal y Penitenciario. Actualmente Directora Asociada de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua. E-Mail: cristina.rumbo@tec.mx orcid: 0000-0002-6724-5147
Resumen
Si algo se ha denunciado desde la presencia de las fuerzas militares en las calles, ha sido su carácter discrecional y de alto riesgo en la comisión de violaciones a los derechos humanos.
la propia ONU se ha manifestado al respecto, al condenar la continuación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, y el alto riesgo que configura su presencia, ante el aumento de la violencia en el país, pero principalmente por el riesgo que eso configura para la ciudadanía.
Es un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia.
Mas allá de la militarización por extensión de periodo, se debe pensar en una estrategia a largo plazo que nos permita invertir en todos los aspectos, en nuestras policías.
Lo que queda para nuestro país, es continuar buscando respuestas lejos de la militarización que nos permitan ofrecer soluciones permanentes al tema de inseguridad, no solo como estrategia de combate, sino con una óptica integral a partir de una política criminal sistémica que permita transversalizar los ejes de seguridad, prevención, desigualdad, educación y violencia, sin menoscabar que la problemática, tiene raíces hondas en nuestro país y que la solución inmediata no llegará, y menos a partir de las fuerzas militares.
Palabras clave: Estrategia de seguridad, política criminal, guardia nacional, derechos humanos, prevención.
Militarización y crisis de inseguridad en México. Preocupación de todos, responsabilidad de nadie.
Sin duda uno de los temas que ha acaparado la atención tanto de los medios de comunicación como de la narrativa social, ha sido la llamada “militarización de la seguridad pública”, un tema que no ha escapado del análisis político, pero que además nos mantiene expectantes, por cuanto a las modificaciones legislativas que ha obligado a la legislación normativa vigente al respecto. Y es que habría que recordar, que, de forma coyuntural a la militarización, concurren los temas de incidencia delictiva, estrategia de seguridad, política criminal, policías y guardia nacional, en un marco de tutela del estado de derecho y de protección de los derechos humanos.
Sin embargo, es importante también revisar el origen de esta y de todas las problemáticas que subyacen a la misma. El tema de la “militarización del país”, no es un tema menor, pero tampoco una estrategia adoptada únicamente por el actual gobierno federal, si bien, lo que recientemente se ha comentado y discutido en el legislativo, es la continuidad de las fuerzas militares en las tareas de seguridad pública, una actividad que hasta hace no mucho, correspondía exclusivamente a las policías en sus tres niveles del gobierno, y que hoy bajo la premisa de que nuestras policías carecen de la capacidad para confrontar a las diversas modalidades del crimen organizado, se ha optado por [sacar] a militares de sus cuarteles.
Entonces, ¿de donde parte la estrategia de militarizar el país? Para responderlo, tendríamos que remontarnos hasta el sexenio del entonces presidente de la República Felipe Calderón Hinojosa, quien, durante su gestión, adoptaría como estrategia al combate al crimen organizado la llamada “guerra contra el narco”. Y sería el pasado 10 de diciembre de 2006, cuando sólo 9 días después de haber tomado posesión como presidente de la República, que Felipe Calderón ordenará el despliegue de 6,500 elementos del Ejército en la Tierra Caliente en lo que se denominó “Operativo conjunto Michoacán” que tendrían el objetivo de combatir al crimen organizado en la entidad “por cielo, mar y tierra” (Infobae, 2019).
Después de eso, ocurriría una imagen que daría la vuelta al mundo y que desde luego marcaría no solo el sexenio de Calderón, sino también la historia sin fin, y es que fue, en enero de 2007, cuando Felipe Calderón visitaría la 43 Zona Militar ubicada en Apatzingán enfundado en un traje militar y les pediría a los soldados seguir en la batalla contra los criminales. Batalla que ha obligado hasta el día de hoy a discutir muy ampliamente acerca del tema, y sobre si es o no necesario/oportuno, mantener a las fuerzas militares del país, realizando las tareas de seguridad pública.
Pero la que entonces sería la estrategia para limpiar el país y acabar con la presencia del crimen organizado, y más específicamente, disminuir la alta incidencia delictiva, termino dejando el país sumido en la peor violencia nunca vivida, y teniendo un viaje sin retorno, pues al menos en delitos como homicidio doloso, se pueden observar números nunca vistos.
Y es que el número de homicidios ha ido en aumento, al grado que en los últimos años hemos tenido las cifras más altas en la historia moderna de nuestro país, datos que pueden ser observados en las bases del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (2022) y que además han sido denunciados por organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Nacional Ciudadano: “El 2021 concluyó como el peor año de la historia en víctimas de feminicidio, de extorsión, carpetas de investigación de trata de personas, de lesiones dolosas, de violaciones y de violencia familiar; cuarto peor año en homicidio doloso y en homicidio culposo; sexto peor en robo a negocio” (Rivas, 2022).
Es decir, la llamada “guerra contra el narco”, fue no solo una muy mala estrategia en el combate al crimen organizado, sino que, además, datos oficiales demuestran que trajo consigo más violencia de la que se pretendía aminorar. Pero no solo eso, sino que, además, “de 2006 a 2021, la presencia de soldados en tareas de seguridad pública pasó de 37 mil 253 a 90 mil 023, y a la par los homicidios pasaron de 10 mil 452 en 2006 a 35 mil 625 en 2021. Así lo refieren datos de la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregados vía transparencia, que indican que en 15 años el total de efectivos desplegados pasó de 37 mil 253 a 90 mil 023 elementos, un incremento de 141.65%. A la par, cifras del Inegi reportan que los homicidios pasaron de 10 mil 452 a 35 mil 625 en el mismo periodo”. (Animal, 2022).
En ese sentido es que surge, durante el presente sexenio la Guardia Nacional. La creación de la Guardia Nacional en 2019 y la desaparición de la Policía Federal tenía como objetivo lograr una fuerza de 150 mil elementos: 30 mil policías militares, 10 mil policías navales, 20 mil policías federales y un reclutamiento de nuevos elementos, todos con entrenamiento civil y de respeto a los derechos humanos. (Serrano, 2021).
Aún y cuando el cambio supuso a muchos y muchas elementos de la extinta Policía Federal inconformes, el proyecto presidencial se consumaría, gracias a la propuesta de modificación de la Constitución que creó la Guardia Nacional y con base en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2019 fueron modificados diez artículos constitucionales: 10, 16, 21, 31, 35, 36, 73, 76, 78 y 89, así como la inclusión de siete artículos transitorios. El artículo Quinto Transitorio de la reforma señala que las Fuerzas Armadas estarán realizando labores de seguridad hasta marzo de 2024 –5 años–.
Un año después de su aprobación, se publicó el “Acuerdo Militarista”, donde establece la presencia de las Fuerzas Armadas para realizar tareas de seguridad pública por esos 5 años. En la práctica, se militariza la seguridad pública bajo un acuerdo del ejecutivo federal, el cual simula que la actuación de los militares será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Y esta sería precisamente la parte medular de la discusión que se debatió recientemente en el senado de la república, pues el pasado 4 de octubre se ha discutido la extensión por cuatro años más, de las labores militares en funciones de seguridad pública del país.
En este nuevo acuerdo se estipula que el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, conforme a los términos planteados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y nuevamente se señala que la participación de dicho cuerpo de seguridad deberá ser extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Asimismo, plantea que las acciones que lleve a cabo la Fuerza Armada Permanente en ningún caso tendrán por objeto sustituir a las autoridades civiles de otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximir a dichas autoridades de sus responsabilidades.
Y un punto relevante, que el Ejecutivo Federal presentará al Congreso de la Unión un informe semestral donde se permita evaluar los resultados obtenidos en materia de seguridad pública y corroborar el respeto a los derechos humanos y el de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Sin embargo, en este punto hay algo indispensable que hacer notar, y es que, si algo se ha denunciado desde la presencia de las fuerzas militares en las calles, ha sido su carácter discrecional y de alto riesgo en la comisión de violaciones a los derechos humanos.
A partir de que la seguridad pública se ha “militarizado”, aumentaron los casos de tortura: “de 2008 a noviembre de 2021 la Fiscalía General de la República inició 1091 investigaciones penales en contra de elementos de la SEDENA por la presunta comisión del delito de tortura, al pedir la desagregación por año, de 696 no se cuenta con el registro del año en que se inició la investigación. Del total, solo 33 han sido judicializadas, lo cual podría ser señal de una deficiente investigación, pero también de pactos de impunidad. (Casusa, 2022, p. 36)
El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos de la CNDH registra que durante 2021 se presentaron más quejas en contra de la Guardia Nacional que de la SEDENA, por hechos violatorios de mayor impacto, por ejemplo, desaparición, tortura, detención arbitraria, privación de la vida, tratos crueles inhumanos o degradantes. Incluso la propia ONU se ha manifestado al respecto, al condenar la continuación de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública, y el alto riesgo que configura su presencia, ante el aumento de la violencia en el país, pero principalmente por el riesgo que eso configura para la ciudadanía.
La ONU ya destacaba además, el peligroso aumento de elementos de la SEDENA dentro de las filas de la Guardia Nacional, en un órgano de seguridad pública que tendría obligatoriamente que tener entre sus filas civiles, hoy se integra por casi un 80% de militares (y no es posible decir exmilitares pues de acuerdo con el estudio publicado por Causa en Común, no queda claro su situación laboral pues algunos elementos siguen adheridos a la SEDENA y a la Guardia Nacional al mismo tiempo), y sentencia la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, que es un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia. (El Financiero, 2022). A esta misma preocupación se suman archivos revelados en el hackeo masivo que sufriera la propia SEDENA en pasados días, por el grupo autodenominado “Guacamayas”.
El periódico el País (2022), ha revelado información publicada a través de este mega hackeo, sobre más de de 1.000 archivos donde se registran decenas de abusos sexuales cometidos por parte de cargos superiores a subalternas y a civiles, a veces en grupo, otras con prácticas de tortura, que la Secretaría ha registrado en estos años, pero que había mantenido en secreto y con apenas medidas para enfrentarlo. Casos que no habían salido a la luz hasta ahora y que retratan el día a día de los cuarteles, hospitales militares, y el comportamiento de algunos de sus miembros enviados a zonas rurales. La precaria y a veces nula respuesta de la institución lleva a que muchas de las víctimas soliciten un cambio de destino para evitar que sus superiores denunciados tomen represalias contra ellas o sean directamente dadas de baja.
En suma, lo que hemos podido analizar brevemente es la crisis de seguridad a la que nuestros últimos gobiernos, han buscado darle una sola solución, sin efectos positivos ni resultados efectivos. La justificante de tener a fuerzas militares al mando de la seguridad pública en México ha sido una estrategia que al paso de 16 años no ha demostrado ni justificado que el conflicto armado entre el estado y grupos criminales cese, sino al contrario. A esto se suma la preocupación por el alto nivel de responsabilidad que hoy la SEDENA asume no solo en estas tareas, sino en el control que mantienen en las aduanas del país, la construcción de los mega proyectos federales y muy posiblemente de la administración de su propia línea aérea, como también lo revelaría el Presidente Andrés Manuel López Obrador, gracias a las recientes filtraciones de información.
Mas allá de la militarización por extensión de periodo, se debe pensar en una estrategia a largo plazo que nos permita invertir en todos los aspectos, en nuestras policías. La seguridad pública en México corre no solo el gran riesgo de militarizarse permanentemente, sino se piensa en mejorar las condiciones laborales, de adiestramiento y de fortalecimiento del estado de fuerza policial de los 3 tres niveles de gobierno, los costos que actualmente estamos pagando a expensas de salvaguardar la seguridad, no son funcionales. Pues como se ha demostrado, ni han cumplido con su objetivo de minar el crecimiento de los grupos delictivos -que constantemente se diversifican-, ni generan certeza jurídica ni social, al existir un grave riesgo de concentración de poder y fuerza en un solo ente, que además es formado de manera castrense con pocas miras a la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos.
Lo que queda para nuestro país, es continuar buscando respuestas lejos de la militarización que nos permitan ofrecer soluciones permanentes al tema de inseguridad, no solo como estrategia de combate, sino con una óptica integral a partir de una política criminal sistémica que permita transversalizar los ejes de seguridad, prevención, desigualdad, educación y violencia, sin menoscabar que la problemática, tiene raíces hondas en nuestro país y que la solución inmediata no llegará, y menos a partir de las fuerzas militares.
Bibliografía:
ACUERDO por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593105&fecha=11/05/2020#gsc.tab=0.
Animal Político. 2022. Presencia del Ejército se duplicó; homicidios crecieron en 240% (animalpolitico.com)
Canal del Congreso. Avala Senado dictamen sobre Fuerzas Armadas y lo devuelve a la Cámara de Diputados. https://www.canaldelcongreso.gob.mx/noticias/15927/Avala_Senado_dictamen_sobre_Fuerzas_Armadas_y_lo_devuelve_a_la_Cmara_de_Diputados
Causa en Común. 2022. Policías al grito de guerra, ser policía en una corporación militar. 2022.09.27_Policias al grito de guerra_VF.pdf (causaencomun.org.mx)
El Financiero. 2022. ONU condena pase de Guardia Nacional a la Sedena: ‘Es un retroceso en seguridad pública’. ONU condena pase de Guardia Nacional a la Sedena: ‘Es un retroceso en seguridad pública’ – El Financiero
El País. 2022. “Tengo miedo de que me hagan daño”: los correos del Ejército mexicano desvelan decenas de abusos sexuales en la institución. Sedena: “Tengo miedo de que me hagan daño”: los correos del Ejército mexicano desvelan decenas de abusos sexuales en la institución | EL PAÍS México (elpais.com)
Serrano M., La Guardia Nacional y la estrategia de seguridad de AMLO, 2021 https://elpais.com/mexico/2022-10-02/tengo-miedo-de-que-me-hagan-dano-los-correos-del-ejercito-mexicano-desvelan-decenas-de-abusos-sexuales-en-la-institucion.html?ssm=TL_MX_CM
Rephista 